La absolución de Luis Alderete marcó un punto de inflexión en el juicio por la muerte del adolescente Benjamín Rojas. Tras el veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado popular, la abogada defensora Laura Abal destacó la comprensión que los doce ciudadanos demostraron sobre una figura jurídica compleja como la legítima defensa y puso el foco en una discusión más amplia: los tiempos del sistema judicial. El debate oral se desarrolló durante cuatro jornadas consecutivas, de martes a viernes, bajo la presidencia del juez Guillermo Burrone. La deliberación del jurado demandó menos de veinte minutos, un dato que, para la defensora, no fue casual. Según explicó, ese lapso reflejó que cada integrante ya había construido una convicción individual clara, que confluyó rápidamente en el veredicto absolutorio. “Desde el primer día sentí una enorme responsabilidad al transmitir cómo entendíamos que se habían desarrollado los hechos”, señaló Abal, al tiempo que subrayó que el resultado confirma que el jurado logró ir más allá de las nociones generales que suelen circular sobre la legítima defensa. En su análisis, la decisión también deja al descubierto contextos sociales complejos, que se agravan cuando el Estado no logra prevenir ni controlar determinadas situaciones. La abogada lamentó los incidentes registrados tras conocerse la decisión, tanto dentro de la sala como en las inmediaciones del edificio judicial, y pidió que se ponga un límite a los episodios de tensión. “De todo tenemos que aprender”, expresó, con un llamado a la reflexión para que el fallo no quede opacado por nuevos enfrentamientos. Uno de los puntos más sensibles que planteó Abal fue el tiempo transcurrido entre el hecho y la realización del juicio. Recordó que el proceso se concretó dos años y cuatro meses después de la muerte de Rojas, período durante el cual Alderete permaneció privado de su libertad. Para la defensora, el veredicto confirma que se trató de una detención injusta y excesivamente prolongada, una realidad que se repite en numerosos expedientes. En ese marco, Abal propuso revisar los plazos judiciales y ampliar la implementación de juicios por jurados. “Necesitamos más juicios por jurado y menos tiempo para su celebración”, sostuvo, al remarcar que la discusión excede el caso puntual y se inscribe en una agenda de política judicial que requiere decisiones concretas. Opinión pública: el fallo dejó una señal clara sobre la eficacia del jurado popular cuando el proceso llega a tiempo. La absolución no solo resolvió una situación individual, sino que volvió a poner en agenda una deuda estructural: juicios que se demoran años pueden terminar siendo una forma silenciosa de sanción anticipada. Corregir esos plazos no es un tecnicismo, es una cuestión de equidad. TAPA DEL DÍA, Más información en www.tapadeldia.com
